Canarias, un escenario más en la ignominiosa política de contención migratoria

Fragmento del resumen ejecutivo del informe “Migración en Canarias, la emergencia previsible” presentado hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

En los últimos meses del año 2020 Canarias se ha convertido en un nuevo escenario de la política de contención migratoria en islas, modelo ya utilizado en las islas griegas y que se plantea institucionalizar en el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este modelo, basado en retener a las personas migrantes en territorios insulares como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como principal estrategia de gestión migratoria, ha venido provocando en todas sus aplicaciones una continua vulneración de derechos cuyas principales víctimas, no así las únicas, son las personas migrantes.

Click sobre la portada para descargar el PDF del informe completo

El drástico aumento de llegadas durante los últimos meses de 2020 unido a una falta de previsión y preparación del sistema de acogida en Canarias, ha provocado una vulneración reiterada de nuestra propia legalidad: detenciones y privación de libertad sin amparo jurídico, falta de asistencia letrada a personas migrantes y, como causa de todo ello, una falta de identificación y atención a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y cuidado: niños que viajan solos, potenciales víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional, entre otros.

Al mismo tiempo, se ha normalizado un trato inhumano a las personas migrantes, viéndose obligadas miles de ellas a permanecer durante semanas (en algunos casos meses) en situaciones de absoluta privación de servicios básicos y condiciones de vida digna: durmiendo sobre el suelo o esterillas, sin un techo bajo el que cobijarse, hacinadas en espacios mínimos y con acceso restringido a aseos o baños.

Para que las personas migrantes no queden #aISLAdas, desde CEAR pedimos al Gobierno una política de traslados ágil y transparente desde Canarias a la Península, una redistribución equitativa y solidaria entre las Comunidades Autónomas y también urgir a los Estados miembros de la UE a ofrecer plazas de reubicación.

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La falta de capacidad de gestión, ha transmitido a la ciudadanía una imagen de pérdida de control por parte de las instituciones sobre el fenómeno migratorio, provocando así una percepción de miedo e indefensión ante una situación que, sin suponer ningún peligro o amenaza, parece estar desbordándose. El trato provisto por las autoridades a las personas migrantes, sin considerarlos de facto sujetos de derechos, ha generado un efecto de deshumanización que ha permitido una expansión de los discursos de odio, desembocando éste en una polarización social de consecuencias imprevisibles.

Al mismo tiempo, los mismos eventos han sacado lo mejor de las personas: redes de ciudadanos han surgido para acompañar y dar apoyo a personas migrantes mostrando una solidaridad que siempre ha caracterizado a esta tierra de acogida. Ambas realidades han convivido en un escenario en el que la pandemia ha creado una crisis económica y social sin precedentes, que ha aumentado más aún las tensiones en el archipiélago.

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