“Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí” (Martin Niemöller, 1946)
Decenas de miles de catalanes independentistas fuimos el pasado sábado 16 de marzo a Madrid a encontrarnos con miles de españoles que sin ser independentistas han decidido no callar y alzar su voz en defensa de quienes hoy somos criminalizados y reprimidos por serlo. El lema “La autodeterminación no es delito”, fundió en el Paseo del Prado, de Atocha a Cibeles, el abrazo solidario e internacionalista de gentes de todos los pueblos del Estado español. Mujeres y hombres decididos a autoinculparse como rebeldes y sediciosos a nuestro lado si nuestro único delito es la desobediencia pacífica para hacer efectivo el derecho a decidir nuestro futuro como pueblo.
Tozudamente alzados frente a la involución de un constitucionalismo setentayochista que ha actuado como apisonadora de derechos fundamentales con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero que ya lo venía haciendo antes con la reforma austericida del 135 o con el despliegue de las leyes mordaza para el control social de las disidencias. Todo ello, en un contexto local y global de resurgimiento alarmante de discursos neofascistas que, sin duda, en estas latitudes han encontrado en el movimiento republicano catalán del 1 de octubre su mayor dique de contención. Aunque algunos, muy injustamente, pretendan hacer creer todo lo contrario, acusando al independentismo de haber despertado en el Reino de España el fantasma franquista. Nada más alejado de la realidad. Un relato tan falso como el de la rebelión. Al neofranquismo le sobra el prefijo neo-. Nunca ha dejado de estar presente durante los últimos cuarenta años en el deep state de la restauración borbónica, latente en todos sus poderes fácticos: económico, judicial, policial…
Las ausencias clamorosas y el atronador silencio de fuerzas parlamentarias a la izquierda del PSOE, que han decidido situarse de perfil por el miedo electoralista a perder votos en una campaña dominada por un mainstream que cotiza al alza la catalanofobia, no enfriaron lo más mínimo el baño de cálida camaradería que recibimos de tantos ciudadanos anónimos en una bellísima y primaveral tarde en las calles del Madrid que se declara orgullosamente desobediente a la injusticia.
No lo olvidaremos nunca. Izquierda Castellana, Madrileños por el Derecho a Decidir, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, Anticapitalistas, Coordinadora 25S, las Marchas de la Dignidad, ateneos populares, sindicatos y colectivos antirepresivos locales y llegados desde Andalucía, Euskadi, Galicia, País Valencià… y así, hasta más de una cincuentena de entidades adheridas a la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana. Todas ellas hicieron que los soberanistas catalanes nos dejáramos acariciar la piel por aquel verso de la poetisa nicaragüense Gioconda Belli que ya es un clásico del internacionalismo: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Estos días, durante el jucio a los presos políticos en el Tribunal Supremo, escuchamos a diario cómo las acusaciones preguntan en sus interrogatorios a procesados y testigos si son socios de Òmnium Cultural o de la ANC. Este breve vídeo, que resume los parlamentos al final de la manifestación, es buena muestra de la auténtica naturaleza de esas entidades, presuntas milicias civiles de una rebelión sediciosa y violenta. Los discursos de Elisenda Paluzie, Marcel Mauri, Óscar Reina, Elena Martínez, Jaime Pastor o Antxon Ramírez fueron la expresión más gráfica de ese fuerte abrazo tierno y solidario que llenó el escenario de Cibeles para demoler todas las mentiras vertidas sobre el derecho a decidir. Porque la demofobia disfrazada de constitucionalismo, teme que más allá del derecho a decidir el futuro de un pueblo exista la voluntad de ejercer todos el derecho a decidirlo todo.
En el pequeño, improvisado y rudimentario cartel de un vecino anónimo situado cerca de la cabecera se podía leer: “Independencia, sí o no. Democracia, sí o sí” . Esta divisa sintetizaba a la perfección el sentido de la concentración y se erigía como un faro entre el mar de banderas esteladas, republicanas, comuneras, ikurriñas, andaluzas y gallegas que inundó el corazón de Madrid durante unas horas.
El sentido de desplazarse hasta la Villa y Corte iba mucho más allá que de llevar la protesta contra la farsa del juicio político a la puerta del tribunal que juzga a los líderes independentistas. También más allá de poner ante el espejo al Borbón, que con aquel infame discurso del 3 de octubre de 2017 blanqueó el violento “a por ellos” contra dos millones y medio de votantes. Un guante que, por cierto, no ha dudado en recogerlo el fascismo para sacar de paseo desacomplejadamente un rancio discurso ultra que hoy condiciona la agenda política del Estado español. El sentido final de organizar 500 autocares, 15 AVEs y el esfuerzo de tantos desplazamientos particulares concentrados en un solo día no ha sido otro que el de visualizar ante la opinión pública española aquello que ya se quiso visualizar hace un año en Bruselas con otra movilización kilométrica y masiva: que el problema catalán es el problema español y es el problema europeo, porque es el mismísimo sentido de la democracia el que está en juego.
Hoy, en el Reino de España, el pensamiento único nacional de la gran coalición de los partidos del 155, acorazada por una cohorte de leguleyos y con el favor mayoritario de la opinión publicada, pretende situar el principio de legalidad en un plano de absoluta superioridad en relación al principio democrático. El juicio al procés va más allá de la Justicia. Es por encima de todo una cuestión de dominio y de Poder. Se sigue una lógica propia del derecho penal del enemigo y no la de un Estado de Derecho garantista con las libertades individuales y colectivas más básicas. Conscientemente, se ha creado un falso relato de rebelión, sedición y malversación para aplastar, a cualquier precio, el desafío secesionista. Ello significa, interpretativamente, situar en el vértice máximo de la legalidad constitucional la indisoluble unidad territorial de la Nación, por encima de cualquier derecho que en su ejercicio pueda servir para cuestionarla. Pero los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña nada tienen que ver con un alzamiento armado, ni con un golpe de estado. En cambio, sí que guardan toda la relación con el ejercicio de la desobediencia civil no-violenta como instrumento democrático para la defensa de libertades fundamentales por parte de quienes entendemos que nos son negadas.
Ya solo cabe la anulación de los procesos judiciales o la amnistía. Libertad para los presos políticos, retorno de los exiliados y aceptación de que el derecho de autodeterminación nunca puede ser un delito en democracia. No hay otro camino. Ni una revisión a la baja, ahora, de los tipos penales solicitados por Fiscalía contra el Govern prisionero, ni una reprimenda a la justicia española por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dentro de unos años, servirían para atenuar los graves efectos de la estrategia demófoba y autoritaria de quienes lo han apostado y confiado todo a la judicialización de un conflicto político para sostener su poder y su dominio sobre una sociedad decidida a decidir por si misma.
El otoño de 2017 supuso un punto de no retorno para el movimiento republicano catalán. Un movimiento popular que el sábado 16 de marzo viajó a Madrid para lucir, orgulloso, su pluralidad por las calles de la capital del Estado. Como explicó Oriol Junqueras en su alegato inicial frente al juez Marchena, somos de muchos orígenes y condiciones, somos pacifistas, somos demócratas, y circunstancialmente “estamos” independentistas. En el Paseo del Prado, pudimos sentir cómo gentes de otros pueblos “lo están” con nosotros. Seres y estares (re)unidos en el Madrid del “no pasarán”.
¡No pasarán!
(Artículo publicado en “Nueva Revolución” el jueves 21 de marzo de 2019)
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