Software “libre” es aquel que respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Tanto individualmente como de forma colectiva, los usuarios controlan el programa y lo que hace. Cuando esto no es así, puede decirse que dicho programa no es libre, o que es “privativo”.

El software que no es libre controla a sus usuarios. Más aun, su programador controla el programa, con lo cual el software resulta ser un instrumento de poder.

Un programa es “software libre” si los usuarios disponen de estas cuatro libertades esenciales: Libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que se quiera (el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello). Libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Y finalmente, libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones.

Un programa libre debe ofrecer las cuatro libertades a todo usuario que obtenga una copia del software, siempre y cuando el usuario haya respetado las condiciones de la licencia libre que cubre el software. Privar de alguna de esas libertades a ciertos usuarios, o exigirles un pago en dinero o en especie para ejercerlos, equivale a no garantizarles las libertades en cuestión, lo que hace que el programa no sea libre.

(Fuente: Proyecto GNU)

Mastodon és una xarxa social de microblogging amb codi obert. Com a Twitter, es poden crear perfils, publicar missatges, imatges o vídeos i seguir d’altres usuaris. Els missatges tenen un límit de 500 caràcters i es mostren cronològicament. A diferència d’altres plataformes, Mastodon és descentralitzat, és a dir, no hi ha un únic servidor, empresa o persona que el gestioni. Mentre que d’altres xarxes socials són propietat d’una corporació que disposa del control absolut sobre tot, qualsevol persona pot posar en marxa el seu servidor a Mastodon.

Quan algú crea la seva pròpia versió de Mastodon, se’n diu instància. Com es tracta de codi obert, qualsevol pot crear la seva amb les seves pròpies regles. Per això, cada instància es gestionada i moderada per la comunitat que la crea i no per cap enorme empresa que segueixi el rastre dels seus usuaris per vendre les seves dades a anunciants. En la majoria de casos, les instàncies a Mastodon estan financades per les persones, no per corporacions.

Tots els membres d’una instància es poden seguir entre ells, però també poden decidir seguir usuaris d’altres instàncies. Tot i que cadascuna opera de forma privada, els seus membres poden comunicar-se amb els d’altres servidors de forma totalment transparent. Per suposat, les comunitats que prefereixin mantenir-se aïllades no han de comunicar-se obligatòriament amb d’altres servidors. La decisió està en les seves mans. Mastodon també ofereix eines antiabús efectives per moderar les instàncies com els usuaris creguin convenient.

En resum, Mastodon és una xarxa social que té com a prioritat a l’usuari. A diferència de les xarxes socials convencionals no pot fer fallida ni es pot vendre, ni pot ser bloquejada completament per governs. Cada persona és lliure d’unir-se a la comunitat que vulgui i comunicar-se amb qui li plagui.

Podeu consultar més informació aquí. Amb més d’un milió de persones que parlen múltiples idiomes, Mastodon creix ràpidament.

De los muchos y sobrecogedores testimonios que recoge el informe “Vida en la necrofrontera” del colectivo Caminando Fronteras, el primero de ellos, el relato de una joven camerunesa superviviente del naufragio de una patera en el Estrecho, ya sintetiza la crudeza de la estrategia de muerte planificada e implacable que gobierna la política fronteriza de la UE en relación a sus vecinos del sur: “Había sobrevivido, pero no sabía cuántos habían muerto. Las familias llamaban y nos preguntaban quiénes estábamos vivos y por qué habían muerto. Yo les decía que los mató la frontera, porque si no hubiésemos estado ahogándonos en una frontera, hubiesen venido a salvarnos. Las familias no entendian, porque es complicado entender algo así. A mí me ha llevado años aprender lo que significan las fronteras en nuestras vidas migrantes“.

Las personas que se mueven atravesando fronteras a riesgo de perder la vida en el intento, esos cuerpos migrantes empobrecidos y racializados, cruzan el desierto, la valla o el mar como una mercancía más en la lógica de un sistema económico global que lejos de poner la vida en el centro hace de la muerte un elemento absoluto de control social. El necrocapitalismo convierte la amenaza de muerte, y la misma muerte de esos cuerpos, en beneficios para una industria que invierte en el negocio del control migratorio. Además, en las fronteras encuentra el mejor escenario para desplegar su más contundente demostración de poder coercitivo y disuasorio. Un poder que necesita para sostener su sistema de dominación racista y clasista, tanto en los países de origen, tránsito o destino.

La necropolítica transforma los límites físicos de los estados en un espacio de no derecho donde es posible y justificado violar sistemáticamente derechos humanos y que sirve para normalizar que el mantenimiento del orden socioeconómico capitalista del norte sea prioritario y que prevalezca sobre el valor de la vida en el sur. Ni más ni menos. La realidad es así de cruda, por mucho que la opinión publicada cocine discursos para hacer digerible ante la opinión pública europea toda esta ignominiosa cotidianeidad que sucede en los márgenes geográficos y sociales del “viejo continente”. Las miles y miles de muertes de “cuerpos en movimiento” que narra el informe de Caminando Fronteras no permiten pensar lo contrario. Porque son muertes perfectamente evitables, fruto de la acción u omisión de una industria militar y de control migratorio que es el negocio de unos pocos y la intemperie moral de muchos.

Lo que sucede en la frontera sur es una guerra de clases muy desigual. Sin reconocerla, pero en su nombre, los derechos humanos de los pueblos migrantes pueden borrarse sin más, y la defensa de esos derechos puede ser señalada fría y brutalmente como una amenaza al orden establecido. Las concertinas, el Frontex, el Mando Único de Salvamento Marítimo, los CIE… todo ello se intenta explicar como si fuesen inevitables políticas pragmáticas de contención frente a los efectos desestabilizadores de una emergencia. Distraer con un relato de lógica defensiva para tapar aquello que no son más que los movimientos de ataque propios de cualquier guerra. ¿Qué es la militarización de la frontera sino una declaración oficial de que no son tiempos de paz? Sí, es una guerra porque históricamente la guerra ha sido básicamente el escenario que necesitan los vencedores para justificar y normalizar políticas de muerte diseñadas para apuntalar su dominación sobre los vencidos.

En esas fronteras físicas y administrativas se dibuja el frente exterior de la batalla. Pero si la amenaza logra superar esa primera triple línea de desierto, valla y mar, Europa se reserva una red de trincheras interiores infranqueable tejida con el hilo común de sus leyes de extranjería y la aguja del racismo institucional que atraviesa el continente.

Llegados aquí, quienes nos negamos a naturalizar la muerte como una forma de política, o la vida como un bien de valor variable por razón de origen, raza o condición social, tenemos la obligación de plantear batalla al necrocapitalismo en el mismo vientre de la bestia. Hay que hacerlo para que esa guerra no se libre únicamente en fronteras a muchos kilómetros de las pantallas de TV o de internet que la convierten en algo virtual, lejano e indefectible. Hay que hacerlo para no abandonar a todos esos “cuerpos en movimiento” que defendiendo sus vidas frente el ataque de la necropolítica, hoy son la auténtica primera línea de combate en la lucha global por la defensa de los Derechos Humanos. Hay que hacerlo porque la única frontera que merece ser blindada e infranqueable es la del respeto por el derecho a la vida de cualquier persona.

Para ocupar esta posición en la lucha es importante centrarse en “señalar a los victimarios en lugar de hacer pornografía con el sufrimiento de las víctimas”, como pedía recientemente Helena Maleno, redactora del informe “Vida en la necrofrontera”, durante su presentación en Barcelona. La activista y portavoz de Caminando Fronteras, defendió ante el público convocado por la plataforma Tanquem els CIE que “a quien urge apuntar y poner en el centro del objetivo de todas las miradas es a los responsables de decisiones que hacen morir o dejan morir vidas migrantes en un naufragio planificado y encubierto detrás de una cortina de discursos hegemónicos que justifican la necropolítica fronteriza”.

Sí, hablemos de decisiones políticas como subvertir el obligado deber de salvemento marítimo hasta convertirlo en un instrumento más del control migratorio. O de decisiones económicas como externalizar “sevicios de seguridad” en las rutas migratorias para abrir en ellas otro melón de posibles negocios a repartir entre empresas privadas. En definitiva, decisiones transversales encaminadas a mercantilizar y militarizar todo un imaginario neocolonial que criminaliza la migración, la diferencia, la pobreza y la disidencia.

Sí, y hablemos también de los discursos hegemónicos falaces e hipócritas que sirven para argumentar toda esa estructura de muerte. Hay que desenmascarar los verdaderos rostros de quienes se esconden detrás del bombardeo continuo de mensajes mainstream que alertan de la inaplazable “lucha contra el terrorismo” o contra “las mafias”, o de los riesgos del “efecto llamada”, o de la progresista y bien intencionada relación economicista para “regular la migración desde un enfoque de las necesidades del mercado laboral”…

Para que hablar de todo ello no se quede en simple retórica, quienes estamos del lado cómodo de la frontera y bajo el pasaporte y la bandera acertada debemos disponernos a sacudir nuestros privilegios para alinearnos decididamente en esta lucha de clases de conciencia antiracista y decolonial con quienes hoy defienden con la vida sus derechos, y con ellos, los de toda la humanidad.

Click sobre la imagen para descargar el informe de Caminando Fronteras (Ilustraciones de Daniela Ortiz)

(Artículo publicado el viernes 27 de septiembre en Nueva Revolución)

Aquesta és la història de la consolidació de l’imperi de la indústria del tèxtil i l’efecte sobre la vulneració dels drets humans de milions de persones.

La deslocalització, la subcontractació i la pressió per aconseguir preus més baixos i terminis d’entrega més curts es troben a la base de l’explotació que afecta milions de dones als països productors d’aquesta “roba bruta” importada per al mercat de consum occidental.

Un vídeo realitzat per Xelson, motion graphics sota llicència Creative Commons (cc).

Al bloc de la Campanya Roba Neta a Catalunya hi ha tota la informació sobre la CRN, la xarxa internacional d’ONG, sindicats i organitzacions de persones consumidores que treballa per millorar les condicions de les treballadores i els treballadors de la indústria global de la confecció. I amb l’aplicatiu #Vulneracions, la campanya despulla totes les pràctiques de les grans transnacionals del tèxtil amb les seves treballadores perquè els consumidors en puguem tenir coneixement.

En cuatro minutos, este vídeo del Centre Delàs d’Estudis per la Pau explica quién produce las armas, cómo lo hace y con la ayuda de quién, así como las consecuencias que tiene este ciclo económico militar en la existencia de conflictos armados, guerras, tensiones y vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo.

Las identificaciones discriminatorias están prohibidas en el ordenamiento jurídico español, pero existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que justifica controles de identidad por supuestos étnicos en el marco del control migratorio y de la Ley de Extranjería. Semejante excepción supone un prejuicio racista por el cual se asume que el estándar de “normalidad” de la población española es la raza blanca. A partir de aquí, la arbitrariedad del administrador de “seguridad ciudadana” puede convertir el monopolio de la fuerza legítima del Estado en un auténtico coladero de racismo institucional.

A Moha le faltan dedos en manos y pies para contar las veces que la policía lo ha detenido en la calle para pedirle la documentación o para cachearlo. Zak ya no se pone nervioso cuando lo paran, pero todavía no ha encontrado la determinación ni las palabras que utilizar para no volver a quedarse callado ante la arbitrariedad del agente de policía que lo quiera identificar, una vez más, únicamente por un criterio racista de perfilación étnica. A Ngoy Ngoma de poco le sirve llevar viviendo en España casi toda su vida y poder identificarse legalmente. De todos modos, no deja de sentirse controlado, acosado y perseguido por la policia en base a su color de piel. Siente miedo, pero insiste en resistir las identificaciones con dignidad, con la cabeza bien alta y siempre preguntando el motivo.

Isabelle y Esther Mamadou están hartas de que el Estado, mediante los agentes de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, presuma que por el color de su piel son delincuentes o viven aquí en situación administrativa irregular, y que por ello, constantemente las paren en la calle de manera indiscriminada. Ellas fueron las primeras en el Estado español en presentar una denuncia por discriminación racista ante el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU. Confían que su gesto sirva de precedente para que otros muchos casos de identificaciones por perfilación étnica sean denunciados ante organismos de protección de derechos humanos. También para que puedan recogerse datos sobre esta práctica que resulten útiles en el trabajo de colectivos y asociaciones antirracistas.

Moha, Zak, Ngoy, Isabelle y Esther tienen en común que explicaron sus vivencias a SOS Racismo y que éstas, junto a otras muchas, han servido de testimonio para la campaña “Parad de pararme. La apariencia no es motivo”. Una campaña de sensibilización que, como tantas, comienza por un manifiesto pero que va más allá. Continúa con voluntad de mantenerse viva y operativa, solicitando a víctimas y a testigos que comuniquen sus vivencias para visibilizar y desnormalizar los controles de identidad por perfil étnico. Estos controles, se convierten en el elemento inicial de toda una estructura siniestra de auténtico racismo institucional, que se prolonga con otras graves discriminaciones o vulneraciones de derechos y que culmina con la ignominia de los CIEs y de las deportaciones.

Una de las herramientas más notables que ha generado “Parad de pararme” es su Guía de Autodefensa para protegerse, intervenir o denunciar ante casos de identificaciones arbitrarias y racistas practicadas por agentes de policia contra personas racializadas. Una guía que responde a un doble objetivo: por un lado, ofrecer a las víctimas un instrumento útil para detectar, saber cómo proceder durante y cómo denunciar después un control policial racista. Al mismo tiempo, promueve que los testigos de estos abusos no miren a otro lado y se animen a intervenir, “siempre respetando la voluntad de la persona que está siendo identificada y valorando su seguridad en primer lugar”.

Desde SOS Racismo, se afirma que el Relator Especial de la ONU competente en esta materia habla de una “práctica persistente y generalizada de control identitario”, de manera que puede decirse que la perfilación étnica se sitúa en un plano sistemático y sistémico que va mucho más allá de la arbitrariedad del funcionario de turno. Según datos del propio Ministerio de Interior, unicamente en el 26% del total de identificaciones que realiza rutinariamente la policía existe finalmente relación con un hecho delictivo. Dicho de otro modo, sabemos que detrás del 74% de los controles de identidad habitualmente sólo hay una sospecha que no destapa ningún delito. Una cifra que puede parecer de lo más normal en la objetivización de un modelo de seguridad, pero una cifra que debería obligar al Estado a ser absolutamente escrupuloso en no vincular la apariencia física al incumplimiento de la norma porque ello puede generar graves estigmatizaciones de minorías sociales.

Resulta evidente la carga criminalizadora que supone esta realidad cotidiana que pesa sobre tantas personas racializadas a quienes se prejuzga y señala con una sospecha delictiva por el mero hecho de salirse del fenotipo dominante: el patrón blanco, occidental y cristiano. Una sospecha, además, del todo inefectiva. Hay que subrayarlo, puesto que utilizar etereotipos étnicos en sustitución de las sospechas razonadas disminuyen, sin duda, la eficacia de la labor policial y juega en contra de la seguridad ciudadana, si es que la queremos entender como un concepto amplio de protección de libertades y derechos y no como un instrumento de control social. Y no sólo eso, también conduce a que los colectivos afectados, lógicamente, desconfien de las instituciones y ello adelgace, en consecuencia, la salud democrática de la sociedad en su conjunto.

(Articulo publicado el jueves 27 de junio de 2019 en Neva Revolución)

L’avantprojecte de llei de contracte de serveis a les persones, la “Llei Aragonès“, va entrar a tràmit al Parlament el desembre de 2018, amb l’única oposició de la Cup. Actualment, es troba en fase de discussió d’esmenes a nivell de ponència abans de passar al seu definitiu debat i votació al plenari de la cambra legislativa catalana.

Malgrat que diversos sindicats i col·lectius de l’àmbit de la defensa dels serveis públics van mostrar la seva preocupació per allò que aquest projecte de llei prodria significar en relació a l’externalització de serveis bàsics, especialment d’ensenyament i de salut, l’inici del seu tràmit al Parlament no va generar l’aparició d’esmenes prou potents per part dels grups.

Per aquest motiu, el passat 7 de juny, la FaPaC, els sindicats USTEC, CGT, IAC i SEPC i col·lectius com ara Sicom, Marea Blanca, Acampada Mar o Rebel.lió Atenció Primària es van trobar per buscar la forma de visibilitzar entre l’opinió pública l’amenaça privatitzadora que suposa la Llei Aragonès, i per vestir una estratègia comuna amb l’objectiu de dinamitzar la presentació d’esmenes a nivell parlamentari.

Aquest pas endavant ha actuat de catalitzador a la Ciutadella. Ha propiciat major visibilitat a l’acció d’oposició ferma que ja hi havia per part de les quatre diputades cupaires i ha mogut als comuns de la seva tèbia i tímida posició al principi del tràmit de la ponència envers una postura més desacomplexada per obrir la tramitació parlamentària a escoltar i recollir el neguit suscitat entre les entitats. Unes entitats que, mestrestant, miren d’informar a la població i batallen contra el silenci dels mitjans de comunicació i de l’opinió publicada que no fomenta, en absolut, el debat ciutadà al voltant d’una norma que podria ser d’una enorme transcedència social.

Som davant d’una nova fòrmula, molt elaborada i encoberta, que els estrategues del poder polític i econòmic neoliberal inventen en la seva contínua voluntat desregularitzadora per aprimar un ja prou retallat sector públic. Ho fan a base d’amagar autèntiques privatitzacions i precaritzacions laborals darrere de misterioses i suposades gestions directes mitjançant organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Tot per consolidar el seu model de gestió mixta publico-privada que ha dut negoci per a alguns, i degradació de serveis públics d’educació, sanitat, serveis geriàtrics o d’infància i d’assistència social per a d’altres.

A nivell parlamentari, aquest nou embat neoliberal l’està liderant ERC, el partit que en l’excepcional context polític actual cerca posicionar-se com hegemònic dins del moviment independentista. Curiosa forma d’eixamplar la base social republicana a costa d’aprimar el sector públic que ha de garantir els serveis més bàsics de la ciutadania. També curiosa manera de liderar un moviment sobiranista a còpia de renunciar a sobiranies populars sobre el control de béns i serveis tan necessaris per a la vida de les persones.