De los muchos y sobrecogedores testimonios que recoge el informe “Vida en la necrofrontera” del colectivo Caminando Fronteras, el primero de ellos, el relato de una joven camerunesa superviviente del naufragio de una patera en el Estrecho, ya sintetiza la crudeza de la estrategia de muerte planificada e implacable que gobierna la política fronteriza de la UE en relación a sus vecinos del sur: “Había sobrevivido, pero no sabía cuántos habían muerto. Las familias llamaban y nos preguntaban quiénes estábamos vivos y por qué habían muerto. Yo les decía que los mató la frontera, porque si no hubiésemos estado ahogándonos en una frontera, hubiesen venido a salvarnos. Las familias no entendian, porque es complicado entender algo así. A mí me ha llevado años aprender lo que significan las fronteras en nuestras vidas migrantes“.

Las personas que se mueven atravesando fronteras a riesgo de perder la vida en el intento, esos cuerpos migrantes empobrecidos y racializados, cruzan el desierto, la valla o el mar como una mercancía más en la lógica de un sistema económico global que lejos de poner la vida en el centro hace de la muerte un elemento absoluto de control social. El necrocapitalismo convierte la amenaza de muerte, y la misma muerte de esos cuerpos, en beneficios para una industria que invierte en el negocio del control migratorio. Además, en las fronteras encuentra el mejor escenario para desplegar su más contundente demostración de poder coercitivo y disuasorio. Un poder que necesita para sostener su sistema de dominación racista y clasista, tanto en los países de origen, tránsito o destino.

La necropolítica transforma los límites físicos de los estados en un espacio de no derecho donde es posible y justificado violar sistemáticamente derechos humanos y que sirve para normalizar que el mantenimiento del orden socioeconómico capitalista del norte sea prioritario y que prevalezca sobre el valor de la vida en el sur. Ni más ni menos. La realidad es así de cruda, por mucho que la opinión publicada cocine discursos para hacer digerible ante la opinión pública europea toda esta ignominiosa cotidianeidad que sucede en los márgenes geográficos y sociales del “viejo continente”. Las miles y miles de muertes de “cuerpos en movimiento” que narra el informe de Caminando Fronteras no permiten pensar lo contrario. Porque son muertes perfectamente evitables, fruto de la acción u omisión de una industria militar y de control migratorio que es el negocio de unos pocos y la intemperie moral de muchos.

Lo que sucede en la frontera sur es una guerra de clases muy desigual. Sin reconocerla, pero en su nombre, los derechos humanos de los pueblos migrantes pueden borrarse sin más, y la defensa de esos derechos puede ser señalada fría y brutalmente como una amenaza al orden establecido. Las concertinas, el Frontex, el Mando Único de Salvamento Marítimo, los CIE… todo ello se intenta explicar como si fuesen inevitables políticas pragmáticas de contención frente a los efectos desestabilizadores de una emergencia. Distraer con un relato de lógica defensiva para tapar aquello que no son más que los movimientos de ataque propios de cualquier guerra. ¿Qué es la militarización de la frontera sino una declaración oficial de que no son tiempos de paz? Sí, es una guerra porque históricamente la guerra ha sido básicamente el escenario que necesitan los vencedores para justificar y normalizar políticas de muerte diseñadas para apuntalar su dominación sobre los vencidos.

En esas fronteras físicas y administrativas se dibuja el frente exterior de la batalla. Pero si la amenaza logra superar esa primera triple línea de desierto, valla y mar, Europa se reserva una red de trincheras interiores infranqueable tejida con el hilo común de sus leyes de extranjería y la aguja del racismo institucional que atraviesa el continente.

Llegados aquí, quienes nos negamos a naturalizar la muerte como una forma de política, o la vida como un bien de valor variable por razón de origen, raza o condición social, tenemos la obligación de plantear batalla al necrocapitalismo en el mismo vientre de la bestia. Hay que hacerlo para que esa guerra no se libre únicamente en fronteras a muchos kilómetros de las pantallas de TV o de internet que la convierten en algo virtual, lejano e indefectible. Hay que hacerlo para no abandonar a todos esos “cuerpos en movimiento” que defendiendo sus vidas frente el ataque de la necropolítica, hoy son la auténtica primera línea de combate en la lucha global por la defensa de los Derechos Humanos. Hay que hacerlo porque la única frontera que merece ser blindada e infranqueable es la del respeto por el derecho a la vida de cualquier persona.

Para ocupar esta posición en la lucha es importante centrarse en “señalar a los victimarios en lugar de hacer pornografía con el sufrimiento de las víctimas”, como pedía recientemente Helena Maleno, redactora del informe “Vida en la necrofrontera”, durante su presentación en Barcelona. La activista y portavoz de Caminando Fronteras, defendió ante el público convocado por la plataforma Tanquem els CIE que “a quien urge apuntar y poner en el centro del objetivo de todas las miradas es a los responsables de decisiones que hacen morir o dejan morir vidas migrantes en un naufragio planificado y encubierto detrás de una cortina de discursos hegemónicos que justifican la necropolítica fronteriza”.

Sí, hablemos de decisiones políticas como subvertir el obligado deber de salvemento marítimo hasta convertirlo en un instrumento más del control migratorio. O de decisiones económicas como externalizar “sevicios de seguridad” en las rutas migratorias para abrir en ellas otro melón de posibles negocios a repartir entre empresas privadas. En definitiva, decisiones transversales encaminadas a mercantilizar y militarizar todo un imaginario neocolonial que criminaliza la migración, la diferencia, la pobreza y la disidencia.

Sí, y hablemos también de los discursos hegemónicos falaces e hipócritas que sirven para argumentar toda esa estructura de muerte. Hay que desenmascarar los verdaderos rostros de quienes se esconden detrás del bombardeo continuo de mensajes mainstream que alertan de la inaplazable “lucha contra el terrorismo” o contra “las mafias”, o de los riesgos del “efecto llamada”, o de la progresista y bien intencionada relación economicista para “regular la migración desde un enfoque de las necesidades del mercado laboral”…

Para que hablar de todo ello no se quede en simple retórica, quienes estamos del lado cómodo de la frontera y bajo el pasaporte y la bandera acertada debemos disponernos a sacudir nuestros privilegios para alinearnos decididamente en esta lucha de clases de conciencia antiracista y decolonial con quienes hoy defienden con la vida sus derechos, y con ellos, los de toda la humanidad.

Click sobre la imagen para descargar el informe de Caminando Fronteras (Ilustraciones de Daniela Ortiz)

(Artículo publicado el viernes 27 de septiembre en Nueva Revolución)

Aquesta és la història de la consolidació de l’imperi de la indústria del tèxtil i l’efecte sobre la vulneració dels drets humans de milions de persones.

La deslocalització, la subcontractació i la pressió per aconseguir preus més baixos i terminis d’entrega més curts es troben a la base de l’explotació que afecta milions de dones als països productors d’aquesta “roba bruta” importada per al mercat de consum occidental.

Un vídeo realitzat per Xelson, motion graphics sota llicència Creative Commons (cc).

Al bloc de la Campanya Roba Neta a Catalunya hi ha tota la informació sobre la CRN, la xarxa internacional d’ONG, sindicats i organitzacions de persones consumidores que treballa per millorar les condicions de les treballadores i els treballadors de la indústria global de la confecció. I amb l’aplicatiu #Vulneracions, la campanya despulla totes les pràctiques de les grans transnacionals del tèxtil amb les seves treballadores perquè els consumidors en puguem tenir coneixement.

En cuatro minutos, este vídeo del Centre Delàs d’Estudis per la Pau explica quién produce las armas, cómo lo hace y con la ayuda de quién, así como las consecuencias que tiene este ciclo económico militar en la existencia de conflictos armados, guerras, tensiones y vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo.

Las identificaciones discriminatorias están prohibidas en el ordenamiento jurídico español, pero existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que justifica controles de identidad por supuestos étnicos en el marco del control migratorio y de la Ley de Extranjería. Semejante excepción supone un prejuicio racista por el cual se asume que el estándar de “normalidad” de la población española es la raza blanca. A partir de aquí, la arbitrariedad del administrador de “seguridad ciudadana” puede convertir el monopolio de la fuerza legítima del Estado en un auténtico coladero de racismo institucional.

A Moha le faltan dedos en manos y pies para contar las veces que la policía lo ha detenido en la calle para pedirle la documentación o para cachearlo. Zak ya no se pone nervioso cuando lo paran, pero todavía no ha encontrado la determinación ni las palabras que utilizar para no volver a quedarse callado ante la arbitrariedad del agente de policía que lo quiera identificar, una vez más, únicamente por un criterio racista de perfilación étnica. A Ngoy Ngoma de poco le sirve llevar viviendo en España casi toda su vida y poder identificarse legalmente. De todos modos, no deja de sentirse controlado, acosado y perseguido por la policia en base a su color de piel. Siente miedo, pero insiste en resistir las identificaciones con dignidad, con la cabeza bien alta y siempre preguntando el motivo.

Isabelle y Esther Mamadou están hartas de que el Estado, mediante los agentes de sus cuerpos y fuerzas de seguridad, presuma que por el color de su piel son delincuentes o viven aquí en situación administrativa irregular, y que por ello, constantemente las paren en la calle de manera indiscriminada. Ellas fueron las primeras en el Estado español en presentar una denuncia por discriminación racista ante el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU. Confían que su gesto sirva de precedente para que otros muchos casos de identificaciones por perfilación étnica sean denunciados ante organismos de protección de derechos humanos. También para que puedan recogerse datos sobre esta práctica que resulten útiles en el trabajo de colectivos y asociaciones antirracistas.

Moha, Zak, Ngoy, Isabelle y Esther tienen en común que explicaron sus vivencias a SOS Racismo y que éstas, junto a otras muchas, han servido de testimonio para la campaña “Parad de pararme. La apariencia no es motivo”. Una campaña de sensibilización que, como tantas, comienza por un manifiesto pero que va más allá. Continúa con voluntad de mantenerse viva y operativa, solicitando a víctimas y a testigos que comuniquen sus vivencias para visibilizar y desnormalizar los controles de identidad por perfil étnico. Estos controles, se convierten en el elemento inicial de toda una estructura siniestra de auténtico racismo institucional, que se prolonga con otras graves discriminaciones o vulneraciones de derechos y que culmina con la ignominia de los CIEs y de las deportaciones.

Una de las herramientas más notables que ha generado “Parad de pararme” es su Guía de Autodefensa para protegerse, intervenir o denunciar ante casos de identificaciones arbitrarias y racistas practicadas por agentes de policia contra personas racializadas. Una guía que responde a un doble objetivo: por un lado, ofrecer a las víctimas un instrumento útil para detectar, saber cómo proceder durante y cómo denunciar después un control policial racista. Al mismo tiempo, promueve que los testigos de estos abusos no miren a otro lado y se animen a intervenir, “siempre respetando la voluntad de la persona que está siendo identificada y valorando su seguridad en primer lugar”.

Desde SOS Racismo, se afirma que el Relator Especial de la ONU competente en esta materia habla de una “práctica persistente y generalizada de control identitario”, de manera que puede decirse que la perfilación étnica se sitúa en un plano sistemático y sistémico que va mucho más allá de la arbitrariedad del funcionario de turno. Según datos del propio Ministerio de Interior, unicamente en el 26% del total de identificaciones que realiza rutinariamente la policía existe finalmente relación con un hecho delictivo. Dicho de otro modo, sabemos que detrás del 74% de los controles de identidad habitualmente sólo hay una sospecha que no destapa ningún delito. Una cifra que puede parecer de lo más normal en la objetivización de un modelo de seguridad, pero una cifra que debería obligar al Estado a ser absolutamente escrupuloso en no vincular la apariencia física al incumplimiento de la norma porque ello puede generar graves estigmatizaciones de minorías sociales.

Resulta evidente la carga criminalizadora que supone esta realidad cotidiana que pesa sobre tantas personas racializadas a quienes se prejuzga y señala con una sospecha delictiva por el mero hecho de salirse del fenotipo dominante: el patrón blanco, occidental y cristiano. Una sospecha, además, del todo inefectiva. Hay que subrayarlo, puesto que utilizar etereotipos étnicos en sustitución de las sospechas razonadas disminuyen, sin duda, la eficacia de la labor policial y juega en contra de la seguridad ciudadana, si es que la queremos entender como un concepto amplio de protección de libertades y derechos y no como un instrumento de control social. Y no sólo eso, también conduce a que los colectivos afectados, lógicamente, desconfien de las instituciones y ello adelgace, en consecuencia, la salud democrática de la sociedad en su conjunto.

(Articulo publicado el jueves 27 de junio de 2019 en Neva Revolución)

L’avantprojecte de llei de contracte de serveis a les persones, la “Llei Aragonès“, va entrar a tràmit al Parlament el desembre de 2018, amb l’única oposició de la Cup. Actualment, es troba en fase de discussió d’esmenes a nivell de ponència abans de passar al seu definitiu debat i votació al plenari de la cambra legislativa catalana.

Malgrat que diversos sindicats i col·lectius de l’àmbit de la defensa dels serveis públics van mostrar la seva preocupació per allò que aquest projecte de llei prodria significar en relació a l’externalització de serveis bàsics, especialment d’ensenyament i de salut, l’inici del seu tràmit al Parlament no va generar l’aparició d’esmenes prou potents per part dels grups.

Per aquest motiu, el passat 7 de juny, la FaPaC, els sindicats USTEC, CGT, IAC i SEPC i col·lectius com ara Sicom, Marea Blanca, Acampada Mar o Rebel.lió Atenció Primària es van trobar per buscar la forma de visibilitzar entre l’opinió pública l’amenaça privatitzadora que suposa la Llei Aragonès, i per vestir una estratègia comuna amb l’objectiu de dinamitzar la presentació d’esmenes a nivell parlamentari.

Aquest pas endavant ha actuat de catalitzador a la Ciutadella. Ha propiciat major visibilitat a l’acció d’oposició ferma que ja hi havia per part de les quatre diputades cupaires i ha mogut als comuns de la seva tèbia i tímida posició al principi del tràmit de la ponència envers una postura més desacomplexada per obrir la tramitació parlamentària a escoltar i recollir el neguit suscitat entre les entitats. Unes entitats que, mestrestant, miren d’informar a la població i batallen contra el silenci dels mitjans de comunicació i de l’opinió publicada que no fomenta, en absolut, el debat ciutadà al voltant d’una norma que podria ser d’una enorme transcedència social.

Som davant d’una nova fòrmula, molt elaborada i encoberta, que els estrategues del poder polític i econòmic neoliberal inventen en la seva contínua voluntat desregularitzadora per aprimar un ja prou retallat sector públic. Ho fan a base d’amagar autèntiques privatitzacions i precaritzacions laborals darrere de misterioses i suposades gestions directes mitjançant organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Tot per consolidar el seu model de gestió mixta publico-privada que ha dut negoci per a alguns, i degradació de serveis públics d’educació, sanitat, serveis geriàtrics o d’infància i d’assistència social per a d’altres.

A nivell parlamentari, aquest nou embat neoliberal l’està liderant ERC, el partit que en l’excepcional context polític actual cerca posicionar-se com hegemònic dins del moviment independentista. Curiosa forma d’eixamplar la base social republicana a costa d’aprimar el sector públic que ha de garantir els serveis més bàsics de la ciutadania. També curiosa manera de liderar un moviment sobiranista a còpia de renunciar a sobiranies populars sobre el control de béns i serveis tan necessaris per a la vida de les persones.

Un any més, han tingut lloc els Dies d’Acció Global per a la Reducció de la Despesa Militar (GDAMS, per les seves sigles en anglès), organizats des de la Global Campaign on Military Spending, entre el 13 d’abril i el 9 de maig. El seu objectiu és contribuir a la sensibilització a favor del desarmament i a la promoció de la cultura de pau en un alarmant context de militarització d’abast mundial.

Segons dades del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), en 2018 la despesa militar global ha crescut per tercer any consecutiu i consolida una línia d’augment accelerat, tant en termes percentuals com absoluts. En relació a 2017, l’increment de la despesa armamentística mundial ha passat de l’1,1% al 2,6%. Això són 83 mil milions $ més, fins a situar-lo en la terrorífica xifra global de 1,8 bilions $. La brutalitat d’aquesta dada contrasta dramàticament amb l’escasa atenció dispensada per estats i organismes internacionals a les greus emergències socials i mediambientals que castiguen el planeta i a milers de milions dels seus habitants..

La voluntat de totes les iniciatives englobades als GDAMS és precisament pressionar els governs per redirigir la despesa militar a cobrir necessitats humanes i mediambientals. Es busca també incidir en l’opinió pública perquè hi creixi l’exigència política de vincular el necessari augment de les inversions en salut, educació, treball o lluita contra el canvi climàtic a l’enorme marge d’estalvi que pot suposar un dràstic descens de la despesa militar. En definitiva, promoure la construcció urgent d’estructures de seguretat humana a las antípodes de la cursa armamentística de l’actual model de relacions internacionals.

Una de les clàssiques iniciatives de promoció del desarmament que descendeix de l’àmbit internacional al de l’Estat espanyol són les campanyes d’objecció fiscal a la despesa militar. Aquí, la seva práctica coincideix precisament amb les jornades GDAMS, ja que la recaptació de l’impost sobre la renda, en el qual se circumscriu l’objecció fiscal, es produeix justament en aquestes dates primaverals. Unes dates en les que aquest any, a més a més, commemorem el trentè aniversari del moviment d’insubmissió al servei militar.

Un cop desapareguda la mili de l’Estat espanyol, el moviment antimilitarista va continuar viu, organitzat i tossut davant d’un seguit de governs entregats als interessos de la indústria militar i a la cultura de la guerra com a únic manual possible per interpretar les relacions internacionals. L’objecció fiscal és la prolongació d’aquella insubmissió de fa tres dècades. Hereva d’aquell moviment que des d’una estratègia de desobediència civil determinada i continuada va assolir alguns objectius importants que avui segueixen assenyalant el camí. Decidir desarmar els impostos és una opció de consciència individual, però quan es converteix en col·lectiva i organitzada transcendeix el simbolisme ètic i muta en acció de desobediència civil amb voluntat d’incidència política i econòmica.

L’objecció de consciència està reconeguda a l’article 16 de la Constitució espanyola, però l’existència fa anys d’objectors fiscals en relació a la despesa militar no ha generat cap mecanisme legal per donar-hi cabuda dins de l’impost de l’IRPF. Els objectors no defraudem ni eludim les nostres obligacions fiscals, senzillament desviem cap a entitats que promouen la pau aquella part proporcional dels nostres impostos que, en relació als Pressupostos Generals de l’Estat, es dediquen al Ministeri de Defensa i a allò que nosaltres entenem que representa preparar la guerra.

No són poques les entitats i organitzacions que ofereixen informació o assessorament per ajudar a desarmar els nostres impostos. Totes elles, bones opcions com a destí per a desviar cap a l’àmbit de la cultura de pau l’esforç fiscal que l’Estat ens reclama per pagar la guerra. Són, només per citar alguns exemples: el Centre Delàs, Fundipau, la Coordinadora d’ONGD Lleida, o Desmilitaritzem a Catalunya; el MOC al País Valencià; Desarma Madrid o Antimilitaristas a Madrid; KEM-MOC Bilbo a Euskadi; Espazo Aberto Antimilitar a Galícia, o ASPA a Andalucía… Així com d’altres associacions o centres d’estudi amb projecció internacional del tipus de Novact, ICIP, International Peace Bureau, la Office for Disarmament Affairs de la ONU, l’observatori Shock Monitor, la Universitat Internacional de la Pau, Acción para la Paz o Sodepaz…

Estem carregats de raons per no contribuir a pagar la guerra amb els nostres impostos. Conscients que la pau no és només absència de guerra. És una cultura. I la cultura, cultivar.

(Article publicat en castellà a “Nueva Revolución” el dijous 23 de maig de 2019)

“Y el acto que estoy haciendo aquí es solo una forma revolucionaria de acelerar la explosión de la verdad y la justicia” (Émile Zola, “J’Accuse”, 13 de enero de 1898)

Durante los primeros días del juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes pudimos ver repetidamente cómo las acusaciones preguntaban a procesados y a testigos de las defensas sobre su condición de socios de Òmnium Cultural. La entidad que preside Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace año y medio, eligió como lema para su campaña de denuncia del juicio al procés el título de aquel famoso alegato de Émile Zola en el caso Dreyfus a finales del siglo XIX.

Pero el #JoAcuso de Òmniun se ha convertido en algo más que en una etiqueta para redes sociales. Se trata de toda una declaración de intenciones del tipo de defensa jurídica por la que ha optado el equipo de abogados de Cuixart en la causa del Supremo: una defensa que se erige en acusación al Estado. A un Estado que pretende desactivar y anular a sus adversarios políticos mediante el uso y abuso de un procedimiento penal. El poder político delega el conflicto a los tribunales y judicializa aquello que sería propio del tablero de juego de la política. Aquí radica el carácter político del juicio (también el de sus presos), y a partir de ello, este tipo de defensa opta por no eludir el embate. Es más, busca hacerlo aflorar al máximo y someterlo al escrutinio público, local e internacionalmente, para obstaculizar y desbordar el procedimiento judicial.

Ante la estrategia de judicializar la política, la determinación por hacer aparecer la política en el tribunal y recuperar su protagonismo en el conflicto. El acusado erigido en acusación frente al Estado que busca derrotar a quien ha señalado como enemigo. Es la única defensa posible en una guerra planteada desde el derecho, desde el derecho penal del enemigo. Porque esta causa especial 20907/2017 puede situarnos en el paradigma del derecho penal de autor. Un modelo propio de regímenes autoritarios por el cual aquello que sustenta la interpretación de los delitos no son los hechos, sino la ideología del autor.

El origen histórico de esta formulación hay que ir a buscarlo a la Alemania de los años ’30 y ’40 del siglo XX. Juristas y politólogos como Edmund Mezger o Carl Schmitt deshilaron planteamientos teóricos con los cuales postulaban que los enemigos del Estado (el Estado nacionalsocialista) lo son también de la sociedad, y por ello, como medida de seguridad preventiva, es necesario situarlos extramuros del cuerpo jurídico para atraparlos en su punto de partida, en su voluntad criminal y no por sus hechos. Según este populismo punitivo, en lugar de hacer encajar cuestiones fácticas en determinadas tipificaciones penales, se trata de señalar al autor como un individuo que pretende ejecutar un plan que supone un gran peligro para el sistema mismo. Tal es la amenza, que está justificado utilizar el propio derecho como instrumento de guerra para anular y destruir al autor de esa amenaza. Hasta el punto de aceptar una excepción jurídica que permita apartar a ese enemigo de los aspectos garantistas del sistema jurídico ordinario.

Más tarde, durante los años ’80 y en el contexto de la lucha antiterrorista, fue Günter Jakobs quien habló por primera vez del derecho penal del enemigo (feindstrafrecht) intentando adaptarlo al ámbito democrático contemporáneo. Trató de reivindicar este tipo de derecho penal como una posibilidad válida y legítima si emerge de un parlamento y de un poder judicial elegidos democráticamente. Pero su propuesta consiguió, entonces, más bien poco éxito entre de la comunidad académica internacional que la consideró mayoritariamente como una extravagancia. Hoy, sin lugar a dudas, el uso del derecho penal de autor, o del enemigo, es sinónimo de ausencia de democracia, de violación de las garantías procesales más básicas y sitúa a cualquier sistema político en el que aparezca fuera de lo que se entiende por Estado de Derecho.

En el caso del juicio a los presos políticos catalanes, la sala segunda del Tribunal Supremo juzga a partir de la instrucción del juez Llarena. Una instrucción entregada de principio a fin a la voluntad de alimentar el relato que inició el desaparecido fiscal Maza y que la Fiscalía General del Estado continuó desarrollando como instrumento político para desactivar al independentismo a la par que se aplicaba el artículo 155. A todas luces, los hechos acaecidos entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, por los que son acusados los procesados de la causa, no encajan de ninguna manera dentro de los tipos penales de rebelión y sedición. A diario podemos observar cómo el relato de los hechos se fuerza lo que sea necesario para acomodarlo dentro de un prejuicio de naturaleza ideológica por el cual existía un plan criminal en la acción política de los líderes independentistas. Se busca probar y juzgar esa pretendida voluntad delictiva y no esclarecer fehacientemente la realidad de unos hechos presuntamente delictivos.

El día 21 de septiembre de 2017, después de los hechos frente a la Conselleria d’Economia, nadie habló de violencia por parte de los manifestantes. Ni siquiera se concedió demasiada importancia mediática a los maltrechos coches de la Guardia Civil. Como era lógico, la atención pública sobre lo ocurrido pivotó en las diligencias ordenadas por el juzgado número 13 -que pudieron realizarse, por cierto- y en los nombres de las personas implicadas y temporalmente detenidas. Ni rastro de ningún alzamiento violento. No fue hasta unos días más tarde, cuando el portavoz del Gobierno del PP introdujo machaconamente el término “tumultuario”, que pudimos comenzar a familiarizarnos con una descripción y tergiversación de los hechos tendente a construir un relato que visualizara una violencia que no existió alrededor de todo lo relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Una violencia necesaria para poder introducir los graves delitos de sedición y rebelión. Unos tipos penales necesarios a su vez para desactivar políticamente a los representantes y cargos electos del independentismo en base a unas medidas cautelares de prisión incondicional a la altura de la gravedad de la acusación: la orquestación civico-política de todo un golpe de estado.

Se ha repetido abundantemente que la estrategia de judicialización escogida por el gobierno de Rajoy como respuesta de Estado al “desafío secesionista” nada tuvo que ver con el ejercicio de la Política, en mayúsculas. Como tampoco lo tuvo la interpretación y aplicación absolutamente desmesurada del artículo 155 de la Constitución, pactada con PSOE y C’s para suspender de facto la autonomía catalana, disolver el Govern de la Generalitat y retirar atribuciones básicas al Parlament democráticamente elegido por los catalanes en las urnas. Este comportamiento de los poderes del Estado no debe ocultar que la continuación de su estrategia hoy tiene que ver, todavía menos, con el ejercicio de la Justicia, en mayúsculas. Se trata, simple y llanamente, de una demostración de Poder. Sí, de poder con P mayúscula.

El mismo Jordi Cuixart escribió recientemente el epílogo para un interesante libro de quien actualmente es uno de sus abogados defensores en el Supremo, Benet Salellas. El ensayo de Salellas toma el título, igual que la campaña de Òmnium Cultural, de aquel “Yo acuso” de Zola. Se trata de una lectura muy recomendable para profundizar en la temática de este artículo: el uso del derecho de excepcionalidad con el objetivo de eliminar adversarios políticos. El autor, además de caracterizar con detalle los mecanismos de que se vale el derecho penal del enemigo, plantea un repaso histórico por varios procesos judiciales para apuntalar su tesis de que la construcción de una defensa política es la mejor opción -realmente, tal vez la única- para hacer frente a embates de esta envergadura. Salellas invita a reflexionar sobre “cómo construimos la mirada política de respuesta en los juicios políticos, para evitar automatismos, para esquivar miedos y para pensar a fondo sobre cuál es el campo de batalla donde nos ha tocado combatir”. Sin duda, un anticipo del mismo tipo de defensa que hoy practica integrado dentro el equipo de Marina Roig que defiende al presidente de Òmnium Cultural. Una defensa ejemplar ante el juez Marchena y sus compañeros de estrado, ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ante la acusación popular del fascismo autorizada en la sala y ante la opinión publicada de todo un aparato mediático que más que nunca ejerce de cuarto poder de un Estado en franco deterioro democrático.

La carta abierta dirigida al Presidente de la República francesa que Émile Zola publicó en 1898 fue el punto de partida para un giro radical en el curso judicial y político del proceso contra el capitán Dreyfus. Hasta el punto de acabar por conseguir su liberación. El máximo exponente del naturalismo francés, y autor de la monumental novela “Germinal”, inició aquel alegato en primera persona con un “Acuso” para finalizarlo con un “Espero“, interpelando a una rectificación amparada en la fortaleza de un movimiento de masas erigido en defensa política frente a la arbitrariedad del poder.

Confiemos también ahora en la misma estrategia, la misma esperanza e igual final para esta causa especial 20907/2017 contra quienes han (hemos) sido señalados como enemigos por el Estado español.

(Artículo publicado el jueves 25 de abril en Nueva Revolución)