Así externaliza la opresión la Europa Fortaleza

Más allá de la triste y conocida realidad de los CIE, las identificaciones policiales por perfil étnico, las deportaciones forzosas o las devoluciones en caliente, la Europa Fortaleza también adopta decisiones sobre la detención de migrantes fuera de sus fronteras. Ello representa otra realidad que no es menos triste pero sí mucho más desconocida por la opinión pública y desatendida por la opinión publicada.

Externalizar la detención de migrantes en terceros países forma parte de una estrategia para impedir su llegada a territorio europeo a cualquier precio. La UE financia la construcción de centros de detención en al menos 22 países de África, Europa Oriental, los Balcanes y Asia Occidental. Más aún, para mantener a los migrantes alejados de sus fronteras no duda en hacer negocios con regímenes que violan sistemáticamente los Derechos Humanos. Eso sí, hipócritamente se esquiva toda responsabilidad por las consecuencias de todo ello: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, violencia sexual y muerte.

Todo esto documenta el informe “Externalizar la opresión” elaborado por el Transnational Institute (TNI) en colaboración con Stop Wapenhandel. Un riguroso estudio hecho para iluminar esa realidad silenciada y para poner el foco en cómo Europa externaliza la detención de migrantes más allá de sus fronteras.

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En sus conclusiones, el informe sostiene que “los países candidatos a adherirse a la UE son obligados a detener migrantes e impedirles que crucen hacia la UE como un requisito previo para su adhesión al bloque”. Así, la UE pone a su disposición financiación a través de acuerdos de preadhesión específicamente con la finalidad de detener migrantes en ruta, a su paso por esos terceros países, todavía lejos de las fronteras exteriores de la Unión Europea. En otros casos, especialmente en África y Asia, se accede a flexibilizar los requisitos de visa para nacionales de esos países a cambio de que intercepten a más migrantes.

Según los autores de “Externalizar la opresión“, Europa actúa sobre la base de la premisa de “contención y disuasión, que consiste en interceptar y detener a los migrantes que intentan llegar al continente para disuadirlos de continuar viajando”. Este enfoque pierde completamente de vista una cuestión central: las personas migran para sobrevivir, a menudo huyendo de guerras y otras formas de violencia. La UE sigue pasando por alto los motivos estructurales que provocan los movimientos migratorios, e intencionadamente camufla su papel como bloque con una importante parte de responsabilidad en su origen.

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea se erige como la demostración palpable de que, en el futuro, la detención de migrantes en terceros países desempeñará un papel central en las políticas de control migratorio. En ese terreno, la industria militar y de seguridad pretende participar activamente en la configuración de las políticas fronterizas porque ha localizado en ello una gran oportunidad de negocio. El informe del TNI denuncia que “ya podemos observar una tendencia de privatización de la detención de migrantes, similar a lo que ocurre en los sistemas carcelarios del resto del mundo”.

IPB World Peace Congress, BCN 2021: (re)imaginar el mundo desde la acción por la Paz y la Justicia

El filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky pone voz a la narración del vídeo promocional del 2º Congreso Mundial por la Paz de la International Peace Boureau (IPB) que se celebrará este año en Barcelona, entre los días 15 y 17 de octubre.

En colaboración con el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), el objetivo que se marca esta segunda edición del congreso es “proporcionar un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias para todas las personas implicadas en los movimientos internacionales por la Paz y la Justicia”.

Teaser producido por la cooperativa Quepo

La voz en off de Chomsky en el vídeo es un fragmento de la conversación que éste mantuvo el pasado mes de enero con la International Peace Boureau:

Cada problema al que nos enfrentamos tiene una solución factible. Existe una solución factible para la pandemia. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchos países la están implementando… ¿Y para el calentamiento global? Sí, hay medidas factibles que cumplen con los límites puestos por el IPCC que nos ofrece una oportunidad de solucionar el problema, incluso para una existencia mejor… Con las armas nucleares, obviamente, sabemos qué hacer: deshacernos de ellas

Si vamos caso por caso, no hay casi nada con lo que no sepamos lidiar. ¿Qué falta? La voluntad y el compromiso… Ahora bien, ¿es la sociedad organizada capaz de llegar a ese punto? Tus suposiciones son tan válidas como las mías. Lo único que podemos hacer es esperar que sea cierto y poner todo nuestro esfuerzo y energía en intentar que se haga realidad. No hay alternativa.”

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El deseo expresado desde la organización del evento no es otro que ofrecer “un lugar para fomentar sinergias entre organizaciones e individuos, y entre movimientos sociales interconectados que luchan por la justicia global: defensoras de la paz y el desarme, activistas feministas y LGBTQIA+ , ecologistas, antirracistas e indígenas, defensoras de los Derechos Humanos, sindicalistas…”

La idea sería promover la inclusión de una perspectiva de paz dentro de todos estos movimientos para afrontar mejor los retos globales de nuestro tiempo, como son el cambio climático, el colapso medioambiental, la desigualdad de género, racial y económica, la pandemia del Covid-19, las crisis migratorias o las emergencias humanitarias causadas por la guerra y la pobreza.

En definitiva, una oportunidad para que diversas personas, grupos y causas compartan estrategias y articulen alternativas conjuntamente. Un espacio para crear y renovar herramientas y discursos, para movilizar a los pueblos del mundo en favor de la paz y el desarme.

Canarias, un escenario más en la ignominiosa política de contención migratoria

Fragmento del resumen ejecutivo del informe “Migración en Canarias, la emergencia previsible” presentado hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

En los últimos meses del año 2020 Canarias se ha convertido en un nuevo escenario de la política de contención migratoria en islas, modelo ya utilizado en las islas griegas y que se plantea institucionalizar en el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este modelo, basado en retener a las personas migrantes en territorios insulares como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como principal estrategia de gestión migratoria, ha venido provocando en todas sus aplicaciones una continua vulneración de derechos cuyas principales víctimas, no así las únicas, son las personas migrantes.

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El drástico aumento de llegadas durante los últimos meses de 2020 unido a una falta de previsión y preparación del sistema de acogida en Canarias, ha provocado una vulneración reiterada de nuestra propia legalidad: detenciones y privación de libertad sin amparo jurídico, falta de asistencia letrada a personas migrantes y, como causa de todo ello, una falta de identificación y atención a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y cuidado: niños que viajan solos, potenciales víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional, entre otros.

Al mismo tiempo, se ha normalizado un trato inhumano a las personas migrantes, viéndose obligadas miles de ellas a permanecer durante semanas (en algunos casos meses) en situaciones de absoluta privación de servicios básicos y condiciones de vida digna: durmiendo sobre el suelo o esterillas, sin un techo bajo el que cobijarse, hacinadas en espacios mínimos y con acceso restringido a aseos o baños.

Para que las personas migrantes no queden #aISLAdas, desde CEAR pedimos al Gobierno una política de traslados ágil y transparente desde Canarias a la Península, una redistribución equitativa y solidaria entre las Comunidades Autónomas y también urgir a los Estados miembros de la UE a ofrecer plazas de reubicación.

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La falta de capacidad de gestión, ha transmitido a la ciudadanía una imagen de pérdida de control por parte de las instituciones sobre el fenómeno migratorio, provocando así una percepción de miedo e indefensión ante una situación que, sin suponer ningún peligro o amenaza, parece estar desbordándose. El trato provisto por las autoridades a las personas migrantes, sin considerarlos de facto sujetos de derechos, ha generado un efecto de deshumanización que ha permitido una expansión de los discursos de odio, desembocando éste en una polarización social de consecuencias imprevisibles.

Al mismo tiempo, los mismos eventos han sacado lo mejor de las personas: redes de ciudadanos han surgido para acompañar y dar apoyo a personas migrantes mostrando una solidaridad que siempre ha caracterizado a esta tierra de acogida. Ambas realidades han convivido en un escenario en el que la pandemia ha creado una crisis económica y social sin precedentes, que ha aumentado más aún las tensiones en el archipiélago.

Unión Europea, ¿próxima generación o más de las viejas recetas neoliberales?

La Unión Europea plantea los fondos europeos de recuperación y resiliencia “Next Generation” como “un instrumento temporal para financiar la transformación y modernización de la economía europea en clave verde y digital”. Dotados con 750.000 M€ nacen para proporcionar subvenciones y préstamos durante los próximos años a los Estados miembros de la UE. La partida dirigida a subvenciones a fondo perdido es de 390.000 M€ y la de préstamos reembolsables de 360.000 M€.

El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción han publicado conjuntamente la guía “NextGenerationEU: más sombras que luces” donde señalan oportunidades en el marco de estos fondos y alertan de deficiencias en su planteamiento, para acabar lanzando una serie de propuestas en relación a lo que entienden que sería una auténtica transformación justa y ecosocial de la economía.

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Advierten que la primera tanda de rescates que se desencadenó hace un año, al inicio de la pandemia, se implementó sin aplicar criterios climáticos, ecológicos o sociales, y se definió básicamente para parar el golpe a grandes empresas y sectores convencionales, como la aviación y las energéticas. Opinan que esta segunda ola de rescates asociada a los fondos Next Generation apunta a un desenlace similar.

ODG, OMAL y Ecologistas en Acción recuerdan que el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, bastión de las políticas neoliberales de austeridad de la UE, está ciertamente suspendido desde marzo de 2020, pero la Comisión Europea puede reactivarlo en cualquier momento. Cuando esto ocurra, en plena lluvia de dinero con los fondos de “recuperación y resiliencia”, los Estados estarán altamente endeudados. Entonces, regresar a las exigencias del Pacto de Estabilidad supondrá nuevos y mayores recortes. Sin duda, la austeridad será el valor de cambio reclamado a los gobiernos por los fondos NGEU.

Dinero público para el sector privado, deuda y austeridad para la ciudadanía; una receta bien conocida

ODG, OMAL y Ecologistas en Acción

Así pues, a corto, medio y largo plazo los riesgos de estos fondos, tal y como están diseñados desde la ortodoxia neoliberal, serían además del sobreendeudamiento y la austeridad ya mencionados, la concentración de los fondos en grandes empresas; un lavado de cara “verde” que obvie las lecciones que deja la pandemia; y la falta de transparencia y participación ciudadana en los procesos de decisión sobre el uso de los fondos para políticas públicas. En definitiva, políticas incongruentes en perjuicio del interés general.

Más allá del análisis crítico de los NGEU, los autores de esta guía lanzan “ocho propuestas concretas y viables para una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad, frene la crisis sanitaria, económica, ecológica, social, de género y que permita una transición ecosocial justa”.

A saber: 1) Garantizar la transparencia y la buena gobernanza en todos los niveles. 2) Promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores estratégicos. 3) Apoyar para que proyectos y empresas sociales puedan acceder a los fondos de recuperación. 4) Fortalecer los modelos públicos, o público-comunitarios y reducir las colaboraciones público-privadas. 5) Alinearse con objetivos climáticos, ecológicos y de justicia social, y evitar el greenwashing. 6) Evitar exceso de financiación a empresas de telecomunicación y procesos de digitalización. 7) Incorporar criterios de exclusión de proyectos y empresas. 8) Cofinanciar la recuperación a través de otros mecanismos, no solo el NGEU.

Autoras: Nicola Scherer (Observatori del Deute en la Globalització), Erika González Briz (Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL), Nuria Blázquez Sánchez (Ecologistas en Acción)

David Bondia: “Cada cop que hi ha hagut crisis, els Drets Humans han servit per superar-les”

El passat dilluns 22 de març, durant la desena sessió de la “Comisión Mixta (Congreso/Senado) para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” va comparèixer David Bondia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Se li demanaven recomanacions en l’àmbit dels DDHH en relació a l’agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible amb la voluntat de contribuir a l’elaboració d’unes bases en l’orientació política del govern. El professor Bondia hi va deixar onze recomanacions i algunes consideracions paral·leles, però sobretot, davant ses senyories, va fixar conceptes bàsics, massa sovint oblidats, i va oferir una magnífica reflexió holística al voltant del significat i l’abast dels Drets Humans.

El seu discurs davant la comissió parlamentària mereix ser assenyalat com una aportació referencial per a qualsevol estratègia en relació als ODS 2015-2030, entesos aquests com “una agenda transformadora que posa la igualtat i la dignitat de les persones al centre, i que representen també una crida per a canviar el nostre estil de desenvolupament respectant el medi ambient”.

Sintèticament, les onze recomanacions del president de l’IDHC van ser les següents:

I- Enfortir el vincle entre la democràcia i els Drets Humans. Aquest enfortiment no passa només per percebre la democràcia com un règim polític, sinó que consisteix en anar més enllà i fomentar el sistema de valors que comporta.

II- Enfortir el vincle entre l’Administració i la ciutadania. Hauríem de descartar una visió purament assistencialista en matèria de Drets Humans per passar a un enfocament centrat en les capacitats de les persones.

III- Entendre que les vulneracions dels Drets Humans es cometen per acció, però també per omissió. No fer res, quedar-se de braços plegats davant determinades situacions també és una vulneració de drets i no compleix amb el principi dels ODS que determina “no deixar a ningú enrere”.

IV- No hem de col·laborar, encara que sigui indirectament, en vulneracions de drets. Som responsables del que passa en el nostre territori, però també d’aquelles vulneracions que són producte de les nostres accions i que es concreten més enllà de les nostres fronteres.

V- Noves realitats, nous drets: dret humà als subministraments bàsics (aigua, energia…). També hauríem de deixar de conceptualitzar la pobresa com una causa de la vulneració de Drets Humans i entendre directament la pobresa com una violació d’aquests drets.

VI- Eradicar les violacions des de la base. Tenim un instrument fonamental: l’educació en Drets Humans. Aquesta educació hauria de ser una política d’Estat, i no una política de govern o de partit.

VII- Trencar amb visions del Dret que separen entre espai públic i privat. Els Drets Humans també són aplicables en l’àmbit privat. Seria fonamental incorporar una perspectiva interseccional en la seva aplicació efectiva.

VIII– Adequar la nostra legislació i les nostres polítiques internes a les normes internacionals de Drets Humans.

IX- Fomentar la interacció entre les diferents categories de Drets Humans. Tenir una visió holística dels drets humans que no divideixi entre drets civils i polítics, drets econòmics, socials i culturals o drets de solidaritat.

X- No mercantilitzar els Drets Humans. No estem parlant de mercaderies sinó de drets. Les Administracions no poden actuar com les empreses amb ànim de lucre en temes de Drets Humans.

XI- Finalment, escriure “el llibre dels deures”. Estem acostumats a dir que el contingut d’un dret és el bé jurídic protegit. Això no és cert, el contingut d’un dret és l’obligació que tenen les Administracions de garantir un bé jurídic protegit.

Des d'aquest enllaç es pot accedir al vídeo de la compareixença completa de David Bondia, on a més a més de desenvolupar aquests punts, va desplegar una interessant bateria de respostes a les preguntes dels representants dels diferents grups parlamentaris.

Derechos Humanos y ambientales frente a los abusos del poder corporativo

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) ha publicado su informe “Empresas transnacionales y Derechos Humanos: Situación actual de los marcos regulatorios y propuestas“, donde analiza las distintas iniciativas que se han impulsado durante los últimos años en relación al control de la actividad de grandes empresas multinacionales y su respeto por los DDHH.

Bajo la coordinación de sus investigadores Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro, en este trabajo se analizan “los desarrollos normativos más relevantes que se han presentado en los últimos años con el objetivo de controlar las actividades de las empresas transnacionales más allá de las fronteras del país de origen”.

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Su campo de estudio abarca desde el instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el que se viene debatiendo en la ONU desde hace un lustro hasta la anunciada decisión de la Comisión Europea de presentar una directiva sobre “diligencia debida” a lo largo del presente año, pasando por las propuestas legislativas que se han ido llevado a cabo últimamente en países como Francia, Suiza o Catalunya.

A partir de diez criterios elaborados desde la experiencia de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos durante las dos pasadas décadas, “se evalúan las debilidades y las fortalezas de estas iniciativas nacionales e internacionales que deben servir como contrapeso frente a los abusos del poder corporativo. Asimismo se recogen las propuestas de las organizaciones sociales y sindicales europeas de cara a la construcción de un centro internacional de la sociedad civil para evaluar y hacer cumplir de manera efectiva las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos”.

La casa o la vida

Disponible online el documental “La casa o la vida” de Mireia Schröder. Durante 40 minutos, la cinta se centra en el conflicto de la vivienda en relación a la evolución que ha tenido social y culturalmente el concepto de propiedad privada.

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Entendida como base indiscutible del capitalismo, la propiedad privada se ha convertido en una suerte de mito intocable. “La casa o la vida” sostiene que esta creencia “ha acabado encerrando nuestras vidas en espacios individualizados y mercantilizados”. La idea de llegar a ser propietarios es vendida como la consecución de un derecho liberador, mientras la realidad muestra lo contrario: el mercado inmobiliario genera cada vez más desigualdades.

El documental de Mireia Schröder parte de una mirada retrospectiva centrada en el estado español para acabar lanzando una cuestión inexcusable por más tiempo: ¿Hasta qué punto una cultura y una economía basadas en la propiedad privada han acabado facilitando que se nos desposeyera de nuestros derechos más básicos?

Invisibles i racialitzades

Des de l’any 2009, SOS Racisme publica l’informe “L’Estat del Racisme a Catalunya“, un document d’anàlisi i denúncia anual sobre les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme qüotidianes al nostre país. La d’enguany, que tot just s’acaba de presentar, és la dotzena edició i mostra les dades de 2020 recollides pel seu Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) al llarg de tot l’any. La intenció de l’informe és compartir-les per aportar una eina de denúncia útil per a tots els col·lectius, les entitats i les persones que lluiten a diari contra el racisme.

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Tres temes marquen aquesta memòria de 2020: la manera com la pandèmia ha repercutit en les formes del racisme estructural, la violència contra les persones racialitzades per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i la discriminació racial en el context de la greu crisi habitacional actual.

La primera conclusió de l’informe és que malgrat la situació tan extraordinària provocada per la Covid-19, les situacions de racisme han continuat arribant al SAiD, que en tot l’any va atendre 590 persones. Aquest servei va identificar 182 casos que s’afegeixen als 172 d’anys anteriors, encara oberts i pendents de resolució.

Segons expliquen els professionals i voluntaris de SOS Racisme, l’excepcionalitat del confinament ha dificultat, encara més, la seva capacitat d’actuació. Asseguren haver detectat un major grau d’impunitat. El percentatge de situacions no denunciades ha augmentat significativament, del 32% al 46%. Això evidencia un recel cap al sistema que genera desmotivació i desconfiança en relació a la utilitat de la denúncia.

Quan, a més a més, el racisme se suma a un conjunt de situacions complexes, com per exemple, la manca de documentació, la precarietat laboral i els problemes d’habitatge o de salut -situacions agreujades per la pandèmia- s’incrementen les dificultats per localitzar la persona denunciant a fi d’iniciar qualsevol procediment. S’estima que el 27% de les situacions no denunciades responen a aquesta casuística. Un percentatge molt més elevat que en anys anteriors, conseqüència directa d’una crisi sanitària que ha agreujat la vulnerabilitat i les desigualtats de les persones racialitzades.

En els casos nous atesos, el 47% de persones estan regularitzades i el 36% tenen nacionalitat espanyola. Només un 5% es troben en situació irregular, fet que sembla indicar que l’estabilitat administrativa facilita la denúncia, i que no s’estan identificant moltes situacions precisament entre col·lectius i grups més exposats a patir-les.

#StopUEMercosur: Per un dic de contenció contra la repetida recepta neoliberal

Més de 450 organitzacions de la societat civil a banda i banda de l’Atlàntic han alçat la veu per denunciar que l’acord de lliure comerç que hores d’ara es negocia entre la Unió Europea i el Mercosur va en contra de tota acció concertada pel clima, qüestiona la sobirania alimentària dels pobles i dóna l’esquena a la defensa dels Drets Humans.

Agrupades en la coalició #StopUEMercosur, aquest mig miler d’organitzacions de l’àmbit de la Justícia Global i l’ambientalisme, alerten que l’acord, en els termes plantejats actualment, perpetua “un model de dependència on les economies sud-americanes es veuen relegades al paper d’exportadores d’unes matèries primeres barates obtingudes mitjançant la destrucció de recursos naturals, en lloc de fomentar el desenvolupament d’economies sòlides, diversificades i sostenibles”.

De la mateixa manera, auguren que destruirà els mitjans de vida de la pagesia i les petites explotacions agrícoles tant a Europa com a l’Amèrica Llatina. A més a més, sostenen que suposa “una amenaça per a molts llocs de treball en sectors industrials dels països de Mercosur i que servirà per legitimar múltiples violacions de Drets Humans relacionades amb les cadenes de producció i subministrament”.

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Juntes, han llançat una declaració unitària per enviar a l’opinió pública europea i sud-americana un missatge clar: la ratificació d’aquest acord de lliure comerç no faria més que estintolar un model comercial global obsolet, mil vegades repetit des dels centres de poder del neoliberalisme malgrat el seu fracàs en termes humans. També malgrat el seu caràcter profundament antidemocràtic, blindat contra qualsevol forma de control popular i creat només al servei d’uns interessos corporatius embogits per la idea d’un creixement infinit que nega els límits del planeta, que menysprea el benestar animal i que perpetua les desigualtats socials acumulades durant els segles d’hegemonia capitalista.

Sensellarisme. Eradicació sense demora

Des de 1987, la Fundació Arrels acompanya persones sense llar per superar situacions d’exclusió social, mirant d’ajudar-les a transitar envers una vida el més autònoma possible. Alhora, desplega també una tasca de sensibilització ciutadana i de denúncia sempre amb el focus fixat sobre els efectes de la pobresa al nostre entorn. Tot plegat, un treball social que interpel·la contínuament administracions i societat civil.

Des de la campanya #ningúdormintalcarrer s’insta al nou Parlament constituït a Catalunya a fixar-se en el sensellarisme. No hi ha dades públiques actualitzades que permetin saber a quanta població afecta. Les últimes, de l’any 2017, parlaven de 53.118 persones en aquesta situació, de les quals 2.347 vivint directament al carrer. Revertir aquets números passa per garantir el dret a l’habitatge, consolidar un consens social, dur a terme accions legislatives i establir una dotació de recursos suficient, així com els pressupostos adequats per fer-ho.

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En aquest sentit, la fundació ha llistat una sèrie de propostes d’àmbit català. Algunes d’elles, en el curt termini, dibuixen un pla de xoc que vol reduir de manera immediata el sensellarisme. De manera paral·lela, n’impulsa d’altres per obrir alternatives de transformació fins eradicar-lo definitivament a mig o llarg termini.

No és acceptable que una persona surti de la presó, rebi una alta hospitalària o arribi al final del circuit de protecció a la infància per anar a viure al carrer. Qualsevol política general de promoció del dret a l’habitatge i d’inversió en vivenda pública no pot desatendre aquesta realitat particular. Calen polítiques decidides que concedeixin majors facilitats d’accés a l’habitatge públic a persones que viuen en la més absoluta intempèrie d’un sistema socioeconòmic que les invisibilitza.

Són moltes les entitats, associacions i col·lectius del tercer sector que denuncien l’aturada total de l’estratègia per a l’abordatge del sensellarisme que la Generalitat de Catalunya va impulsar l’any 2017. Sumant els efectes de la crisi pandèmica de l’últim any, amb més raó, cal recuperar-la i implementar-la de forma urgent. De la mateixa manera, moltes veus exigeixen recuperar la idea de realitzar recomptes oficials per elaborar cada dos anys un cens del sensellarisme que permeti determinar quantes persones dormen al carrer en territori català.